El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ejercían un autogobierno en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, el cual fue cerrado el pasado lunes y todos sus internos enviados a otras cárceles del País.
Al participar en el seminario virtual del Colegio de México «¿Cómo anda la seguridad?», organizado por el académico Sergio Aguayo, el funcionario dijo que el centro era un mito como penal de máxima seguridad y que es increíble que no hayan ocurrido fugas.
«(Para) los reos pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación estar en el penal de Puente Grande es tener todas las condiciones para conservar el autogobierno y, parte del objetivo es, precisamente, dispersar a esos criminales para anular la posibilidad de que reproduzcan el autogobierno -en otros penales- que tenían en el penal de Puente Grande», aseveró.
Durazo comentó que el penal, inaugurado en octubre de 1993, estaba en condiciones deplorables que no garantizaban ni la seguridad de los internos ni el cumplimiento de mantenerlos bajo condiciones de respeto a su dignidad.
«La razón fundamental de cierre del penal de Puente Grande es que es un mito su condición de penal de máxima seguridad, ha sido una irresponsabilidad del Estado Mexicano tener a criminales de tan alto grado o a personas privadas de la libertad (PPL) de tan alto grado criminal en un penal cuyas celdas, algunas de ellas, no tienen ni aldabas», sostuvo.
«Desde que se construyó no se le ha metido un quinto y, si bien es cierto, que el diseño arquitectónico permite administrar con cierta dignidad el penal, su deterioro ubica a los PPL en condiciones de no dignidad, en condiciones en las que para la autoridad no es posible, no obstante, nuestra pretensión, respetar los derechos humanos de los PPL».
En contrapartida, explicó, el Sistema Penitenciario Federal cuenta con 12 mil espacios en otros penales que fueron construidos durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón bajo un esquema de asociación público-privada, por lo que se tiene que pagar aunque estén vacíos, por lo que se envió a los presos a esos centros.
«El cierre (de Puente Grande) nos va a generar recursos muy importantes, yo estimo que podría representar ahorros de 800 millones de pesos, en una cifra a botepronto», consideró.
Información: Reforma
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